No, el Estado no está indefenso contra otro intento de secesión

Ya he dejado clara mi opinión de la derogación del delito de sedicción por parte de Pedro Sánchez. Se resume en que me parece una autentica barbaridad y la mayor de las que ha cometido Sánchez hasta la fecha. Quede claro.

Pero no me gusta irme, por inercia, a la exageración más necia. Leo que si un asunto así se volviera a pruducir sería penado, ojo al dato, con muertos, cinco años como mucho y como mucho, unos desórdenes públicos penados con cinco años de cárcel en el caso agravado de que los Mossos hubieran sacado directamente las metralletas.

Y lo anterior es completamente falso.

Lo que se está haciendo no es desarmar por completo al Estado (aunque ahora tendrá menos recursos, ciertamente), sino en la práctica amnistiar a los condenados y los por condenar. Lo cual, repito hasta la saciedad, para dejarlo superclaro, me parece la mayor indecencia política cometida por el actual Presidente de Gobierno.

Pero a la hora de que el Estado se defienda de una asonada violenta contra el mismo cuenta con un delito perfectamente tipificado, el de rebelión. Y repito para llamar la atención, ojo al dato, para los que, y cito, se alzaren violenta y públicamente para... declarar la independencia de una parte del territorio nacional las penas serán, más ojo al dato, las siguientes:

1. Los que, induciendo a los rebeldes, hayan promovido o sostengan la rebelión, y los jefes principales de ésta, serán castigados con la pena de prisión de quince a veinticinco años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un mando subalterno, con la de prisión de diez a quince años e inhabilitación absoluta de diez a quince años, y los meros participantes, con la de prisión de cinco a diez años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a diez años.

2. Si se han esgrimido armas, o si ha habido combate entre la fuerza de su mando y los sectores leales a la autoridad legítima, o la rebelión hubiese causado estragos en propiedades de titularidad pública o privada, cortado las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por ondas, ferroviarias o de otra clase, ejercido violencias graves contra las personas, exigido contribuciones o distraído los caudales públicos de su legítima inversión, las penas de prisión serán, respectivamente, de veinticinco a treinta años para los primeros, de quince a veinticinco años para los segundos y de diez a quince años para los últimos.

(Hay más en los artículos siguientes sobre las penas por participar de la rebelión en distintos grados, que se pueden leer pinchando en el enlace ofrecido).

Decir, repito, que si hay muertos y/o si las fuerzas secesionistas sacan las metralletas serán condenados a un máximo de cinco años es una mentira como una catedral.

Hay que criticar la total desvergüenza de Pedro Sánchez, y duramente, porque en la práctica es una amnistía encubierta (o sin encubrir) de unos líderes políticos que se alzaron contra el ordenamiento constitucional español través de un intento de secesión. Y lo está haciendo en un mercadillo de intercambios políticos (a cambio del apoyo de ERC a los Presupuestos de 2023 o tal vez por motivos aún más inconfesables). Algo que elimina algunas herramientas de defensa del Estado. Pero hay que criticar esa desvergüenza sanchista con la verdad, no con exageraciones sin sentido.