Interior sabotea el plan de la UCO de rastrear "con la máxima discreción" los contactos de Cerdán en prisión
Su defensa accede a una solicitud para la que se había pedido "máxima discreción"
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«Se ruega la máxima discreción sobre dichas gestiones, por el posible impacto que puedan tener en las investigaciones». La frase es de la UCO y cerraba el escrito con el que el pasado 3 de julio la unidad de la Guardia Civil que investiga el caso Koldo pedía a Instituciones Penitenciarias que le mantuviera al tanto de las visitas de Santos Cerdán en prisión.
La «discreción» que se pedía ha durado apenas dos semanas porque el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, decidió comunicar el escrito de la UCO al juez del Supremo encargado del caso, lo que desembocó en su notificación a las partes, incluida la defensa del ex número tres del PSOE. El pasado día 9, Ortiz firmó su comunicación al TS, que ayer llegó a los abogados de Cerdán, Benet Salellas y Jacobo Teijelo.
Fuentes jurídicas explican que es frecuente solicitar el acceso a los contactos de internos a los que se sitúa dentro de un grupo criminal, como es el caso de Santos Cerdán. Añaden que lo que no es habitual es que Instituciones Penitenciarias lo traslade por escrito al juzgado, de forma que -salvo que la causa se encuentre bajo secreto- los afectados acaben sabiendo lo que sucede cuando el documento se incorpora a las diligencias.
Conocer quién se reúne con Cerdán en Soto del Real puede aportar datos útiles sobre la trama que se investiga en el caso Koldo, en la que hay políticos y empresarios implicados y dinero de supuestas mordidas que se está buscando. Pero no solo: también puede arrojar luz sobre las operaciones para cuestionar la investigación de la UCO puestas en marcha desde el entorno del PSOE.
El mismo día de su entrada en prisión, el pasado 30 de junio, Cerdán recibió la visita de Salellas, entonces su único abogado. Iba acompañado de Teijelo, cuyo nombre no era nuevo para la investigación: había surgido al conocerse que había gestionado un encuentre entre la fontanera del PSOE Leire Díaz y el fugitivo de una trama de fraude en hidrocarburos que aseguraba tener información que desacreditaba a la UCO. Esa era la clase de datos que buscaba la fontanera en un momento en que las investigaciones de la unidad de la Guardia Civil -caso Koldo, caso Begoña, caso Hermanísimo- estaban poniendo en aprietos al Gobierno y al PSOE.
Al día siguiente, se reunió con Santos Cerdán otra letrada del despacho de Teijelo, que el pasado 8 de julio anunció que se sumaba formalmente a la defensa del ex dirigente socialista. Un día más tarde, el responsable de Prisiones informaba al Supremo del paso dado por la Guardia Civil.
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Nada más llegar Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, Ortiz fue elegido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dirigir Instituciones Penitenciarias. En los siete años que lleva en el cargo, ha aparecido como una figura destacada en la relación del Gobierno con Bildu, y en particular con uno de los principales objetivos de la formación abertzale: la progresiva excarcelación de miembros de ETA. Así quedó reflejado en la investigación sobre la red que organizaba los actos de homenaje a presos de la banda, cuyos miembros acaban de aceptar una condena en la Audiencia Nacional. Ortiz recibía directamente las peticiones de Sare, la organización que impulsaba la excarcelación de los terroristas.
Ortiz ha surgido también en la investigación del caso Koldo. En una de las múltiples grabaciones a escondidas realizadas por Koldo García se escucha a Cerdán recibir una llamada. «Sí, Ángel Luis», saluda. «Es el de Prisiones», le aclara al ex asesor de José Luis Ábalos al colgar.
En su escrito al Supremo, Ortiz no explicaba qué le llevaba a dar cuenta de la petición de la UCO. Lo hacía «para los efectos que se estimen oportunos». Y cerraba el único párrafo del escrito precisando que «se está cumplimentando dicha solicitud por parte de esta Secretaría General, salvo que por ese Tribunal se ordene lo contrario».
Además de dar cuenta a las partes de lo recibido de Prisiones, el juez del caso, Leopoldo Puente, dejaba ayer constancia de que no era asunto de su incumbencia: «Ciertamente, ninguna resolución judicial se ha dictado en esta causa especial concerniente en concreto a la cuestión referida que pudiera aquí ratificarse, modificarse o dejarse sin efecto, debiendo actuar frente a la solicitud recibida esa Secretaría General en los términos que considere normativamente conducentes».
El escrito remitido el pasado 3 de julio, un capitán de la UCO comunicó a Prisiones que, «por ser de interés para la investigación», solicitaba «ser informada de las visitas que reciba el interno, a poder ser con antelación a que se produzcan». Añadía que «en caso de que estas sean imprevistas, como las llevadas a cabo por miembros del colegio de abogados», lo que se reclama es que «se informe a la mayor brevedad posible». Precisaba que era «de interés quién y cuándo se realizan o realizarán dichas visitas, no así el contenido de las mismas». El oficio terminaba rogando a Prisiones «la máxima discreción».
Prisiones tiene amplias facultades para vigilar las actividades de los presos sin necesidad de intervención judicial, como refleja la providencia del magistrado instructor con su referencia a «los términos que considere normativamente conducentes». Es decir, al margen de actuación que le confiere la ley. En ese margen está el de llevar cuenta de quiénes solicitan reuniones con los internos, información que puede compartir con los investigadores sin necesidad de permiso judicial.
Tras recibir la notificación de que la UCO quería conocer las visitas de Cerdán, ayer su defensa cuestionó ese paso y e interpretó que también Instituciones Penitenciarias albergaba dudas sobre su corrección y que por ese motivo había informado de ello al juez instructor.
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