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El destierro de Lorenzo, el técnico que dio el primer aviso del 'caso Cerdán': del palacete de San Ignacio al hueco bajo la escalera en una nave industrial
Al funcionario Lorenzo Serena, sus superiores del Departamento dirigido por el tío de la presidenta Chivite le represaliaron tras escribir que la asignación del túnel de Belate a la empresa del socio de Santos Cerdán era "arbitraria" y el proceso estaba "viciado". "Hice lo que cualquier empleado público ha de hacer", ha comentado a sus amigos
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el de Economía, José Luis Arasti, el jueves en la puerta del palacete de San Ignacio, 3.
El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, y el de Economía, José Luis Arasti, el jueves en la puerta del palacete de San Ignacio, 3.IÑAKI PORTOARABA PRESS
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Ángeles Escrivá
Ángeles Escrivá
Actualizado Domingo, 6 julio 2025 - 18:19
Lorenzo Serena, funcionario de alta capacitación jurídica, recorrió caminando el trecho que discurría desde su casa hasta el polígono Landaben, en las afueras de Pamplona. Hasta allí no llegaba siquiera el autobús y no había ni un mal carril bici trazado, de modo que, como todas las mañanas desde hacía una semana, prefirió desafiar el calorcillo que ya se dejaba sentir a primera hora y hacer un poco de ejercicio, cuesta arriba, hasta la sede de su nuevo puesto de trabajo, premeditadamente a desmano de todo. Aquel lugar no tenía nada que ver con la sólida sede del Departamento de Cohesión territorial, en San Ignacio 3, donde había pasado 30 años trabajando en contratación pública.
Un día más, sacó del bolsillo las llaves que le habían dado cuando le cambiaron de destino y abrió las puertas de la nave industrial. Resonó el metal en el vacío. Una vez dentro, se dirigió a la escalera y en vez de emprender la subida se quedó debajo, en el despacho que le habían asignado, adaptado al hueco y con vistas a una pared. No había ni expedientes, el ordenador funcionaba pero carecía de conexión con el resto de las unidades en red correspondientes al departamento de Explotación de Carreteras al que había sido asignado. No tenía ni impresora ni escáner. A su alrededor no había ni un solo compañero de sección. Avanzada la mañana podía disfrutar de la compañía de tres amables vigilantes de carretera y de su jefe con quienes, de vez en cuando, se acercaba hasta el bar del polígono para tomarse un café.
Era el pasado 10 de junio, un día en el que iban a ocurrir muchas cosas, todas conectadas entre sí sin que necesariamente tuvieran nada que ver. Obviamente, Lorenzo Serena había sido represaliado por el caso Cerdán, el caso de la «organización criminal» que se había enseñoreado de los gobiernos central y navarro, por una decisión decente sin precedentes que había tomado cuando ese caso no existía, a principios de 2023, y ahora era un testigo incómodo. Podríamos decir que fue la primera voz de alarma si alguien hubiese sabido escuchar.
La nave industrial en el polígono de Landaben a la que el Gobierno navarro mandó al técnico que avisó de la adjudicación del túnel de Belate.
La nave industrial en el polígono de Landaben a la que el Gobierno navarro mandó al técnico que avisó de la adjudicación del túnel de Belate.IÑAKI PORTOARABA PRESS
Uno de los amigos de Lorenzo Serena, en conversación con Crónica, reconoce haberle tentado. «¿Quién te mandaba a ti redactar votos particulares contra la asignación de las obras del túnel de Belate, la mayor construcción en suelo navarro de los últimos tiempos, a la empresa de Santos Cerdán y su amigo Antxon Alonso?», le preguntaba cada vez que la presunta corrupción del que fuera todopoderoso en el PSN y después en la secretaría de Organización del PSOE, salía en la prensa. Y el funcionario le respondía de broma: «Más tranquilo hubiese estado callando; y ahora incluso tendría un sueldo mayor». Pero después, este «hombre cabal y serio», según definición de sus compañeros, añadía: «Hice lo que cualquier empleado público ha de hacer. No soy un héroe. A veces me llaman por teléfono —te sorprendería la de gente que ha conseguido mi teléfono — para darme la enhorabuena, y eso me incomoda. De pequeño me enseñaron que mi obligación era cumplir con mi deber».
Lorenzo Serena es uno de los tres miembros de la mesa de contratación del Gobierno navarro (de los ocho que la configuraron) que puso por escrito sus inconvenientes a que la UTE formada por Acciona, Excavaciones Fermín Oses y Servinabar (propiedad, según un documento privado, en un 45% del que hasta hace dos semanas era el número tres del PSOE) se quedase con la explotación de una obra por la que el Gobierno de María Chivite iba a pagar 76 millones de euros (62.881.801,65 euros sin IVA). Un desdoblamiento del túnel de Belate para ajustarse a la normativa europea, de 5'5 metros de altura, más de dos kilómetros de perforaciones que estaba planificado que fueran siete, 17 ventiladores gigantes... Que no cumplía, defendieron los funcionarios, los requisitos que ordena la ley.
Serena era el secretario de la mesa y el único que dependía del Departamento de Cohesión Territorial dirigido por Oscar Chivite, el verdadero jefe, el tío de la presidenta navarra que se había reunido en varias ocasiones en su despacho del Gobierno y en el de la sede del PSN con Antxon Alonso, el impulsor de Servinabar, compañero del alma de Cerdán. Aunque esto último, lo de las reuniones y la verdadera propiedad de la empresa licitadora, ni el funcionario ni nadie que no estuviera en el chanchullo, lo sabían entonces.
DESPROPÓSITOS EPATANTES
El día en el que la mesa se reunió, a principios de 2023, ya había llegado a los integrantes el rumor de que ellos mismos iban a darle la obra a la UTE de Acciona y Servinabar. Sencillamente, ese fue el primero de muchos epatantes despropósitos. En el acta consta, a instancias de Lorenzo Serena, cómo cinco de los presentes reconocen que esa era la información que les había llegado; del mismo modo que un acta posterior recogería la irregularidad de que la información confidencial de la propuesta había sido de acceso público durante semanas. De modo que, cuando se pusieron encima de la mesa los informes de valoración de cada una de las ofertas empresariales, Lorenzo Serena y los otros dos miembros del equipo con preparación jurídica quisieron ser especialmente escrupulosos y no se conformaron con generalidades. «Vamos a hacerlo bien», se dijeron. «El informe no recoge las razones que justifican las puntuaciones, no expresa las ventajas de unas ofertas frente a otras, sino que se reduce a una mera descripción de las ofertas presentadas por los licitadores en general, sin lógica argumentativa y ausencia de criterio valorativo, lo que implica que esas ofertas no sean comparadas de forma homogénea», escribieron.
«Es necesario justificar los motivos de las puntuaciones y más cuando se trata de una obra de la trascendencia social y económica de la presente», insistieron apelando al artículo 100.3 de la Ley Foral de Contratos Públicos. Usaron las palabras «puntuaciones arbitrarias». No era la primera vez que Lorenzo Serena emitía un voto particular pero hasta ese momento los había redactado en contratos de conservación por prácticas de empresas que entraban en colisión, no por el comportamiento de la Administración.
No sirvió de nada. El consejero Chivite respaldaría públicamente unas declaraciones del director general de Infraestructuras, Pedro López de Vera, el superior directo de Serena, en las que afirmaba que los juristas de aquella reunión se habían sentido abrumados por la dimensión de la obra y, profanos, no habían entendido lo que los técnicos —cinco ingenieros de Obras Públicas— habían sabido entender a la primera. «Igual los jurídicos han sufrido más para terminar de entenderlo», espetó.
En realidad, lo que los juristas no se explicaban, para empezar, es cómo la propuesta había pasado el corte. También emplearon los términos «proceso viciado de votación» para describir un procedimiento que incluso a los cinco ingenieros de obras públicas tenía que haberles resultado extraño. Por ejemplo, que el presidente de la mesa, el director del Servicio de Nuevas Infraestructuras, emitiera su voto después de saber el del resto de los constituyentes e inclinase la balanza de forma palmaria a favor de Acciona-Servinabar en detrimento de la UTE que quedó clasificada en segundo lugar, la de Mariezcurrena-Comsa-Nortunel (46'22 puntos frente a 44'85). Puntuó en Mariezcurena con un siete aspectos que sus compañeros habían considerado merecedores de un 8, un 9 o un 10. Después, dejó de convocarles para que «el intercambio de pareceres» se produjese por correo electrónico. El vocal interventor, dependiente de Hacienda, Jesús Muñoz, solicitó una reunión presencial, pero el presidente de la mesa la rechazó porque, según dijo, «no iba a cambiar nada». Con él se meterían después los parlamentarios de UPN quienes, destacando que tenía 73 años y no veía el momento de jubilarse, se preguntaron con intención aviesa: «¿Pero no hay más ingenieros de Obras Públicas?».
CORREOS OCULTOS
La batalla campal que se inició con los desacuerdos y el intercambio de correos retrasó seis meses el inicio de una obra tan llamativa y sobre la que tantas expectativas se habían creado. Hasta la presidenta Chivite había salido el 8 de febrero de 2023 a anunciar públicamente la apertura del proceso. Y el retraso llamó la atención de la oposición, que reclamó explicaciones.
Lorenzo Serena tuvo que significarse de nuevo exigiendo que fuesen remitidos al Parlamento todos los correos, no los que el Gobierno había tenido a bien mandar. Los tenía numerados y con registro. Y en ese momento quedó constatado que el despropósito no había hecho más que empezar: desde el 23 de octubre, fecha en la que la mesa de contratación había entregado su propuesta de adjudicación, hasta el 26 de diciembre, cuando Cohesión Territorial firmó la resolución, altos cargos de Obras Públicas habían intentado arreglar de un modo creativo, pero palmariamente irregular, los problemas que podían ocasionar los reparos jurídicos expuestos por los tres vocales.
El director general de Obras Públicas, Pedro López, había convocado una reunión de la mesa para introducir cambios y Serena le había recordado que era tarde porque las actas estaban subidas a la Plataforma de Licitación. También había solicitado a Fomento información fuera de plazo. Y trascendió que el presidente de la mesa había contactado con una de las firmas licitadoras para sondear si habían accedido a las actas. «Me han dicho que no las han visto. Así que con buena voluntad por parte de todos estamos a tiempo de evitar la mala imagen que se va a dar», escribió en un correo. «Me parece gravísimo que el presidente y responsable de la unidad gestora consultase con un licitador con el procedimiento de contratación en curso», le respondió Serena, que fue sustituido para el resto del procedimiento.
DENUNCIA, REGISTRO Y MENTIRAS
De nuevo es 10 de junio. El funcionario Serena sale de la nave industrial del polígono Landaben y se dirige a la sede de la OANA, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral Navarra que el Gobierno de Chivite puso en marcha al principio de la legislatura sin saber que el organismo le iba a sacar los colores. Lorenzo Serena se ausenta unas horas, por las que después le pedirán explicaciones, para poner una denuncia.
El funcionario se había presentado a finales de 2024 a un concurso de traslado para cubrir 75 vacantes. Sacó la cuarta posición de 75 y pudo ser de los primeros en elegir plaza. No le dieron la que quería pero le asignaron una en el departamento de Explotación de Carreteras donde nada se licitaba. La adjudicación de esas plazas fue publicada en el Boletín Oficial de Navarra. Pues bien, tres días antes, el director General de Obras Públicas, Pedro López de Vera, firmaba una resolución por la que modificaba la adscripción de dicha plaza y la hacía depender del «negociado de Conservación y vialidad, ubicado en el polígono Landaben». Lorenzo Serena se hizo acompañar por un compañero para exponerle su disconformidad al director, por eso hay testigos que afirman que éste mintió cuando aseguró que el traslado del funcionario se debió a un error. «Una vez interpuesta la denuncia en la OANA, dependiente del Parlamento, la titular —está dirigida por Edurne Eginoa— le llamó con gran diligencia y dictó una resolución en la que se calificaba de acto de represalia lo hecho con Lorenzo y se pedía una rectificación inmediata», detalla uno de sus compañeros. Constituye «una infracción muy grave», se dice en el informe en el que se anuncian medidas disciplinarias contra sus superiores y multas de hasta 60.000 euros.
Mientras Lorenzo Serena caminaba, esta vez cuesta abajo, desde el polígono hacia las instalaciones de la oficina de Anticorrupción, los agentes de la UCO registraban el domicilio de Antxon Alonso y por la tarde ponían patas arriba, a la busca de información, las oficinas de Servinabar del amigo íntimo de Cerdán en la plaza del Castillo. Aunque parezca increíble, ese mismo día, el Gobierno navarro otorgaba un contrato sin concurso público a Servinabar por valor de 72.497'03 euros para el suministro y colocación de cortinas opacas en el edificio Ripagaina en Pamplona. Se trataba de la reposición de un contrato previo que había salido mal. Como si se tratase de una metáfora barata, las cortinas que Servinabar había proporcionado no eran tan opacas como se había contratado y dificultaban que el edificio cumpliese con las condiciones de habitabilidad.
Días después de ese 10 de junio, a Lorenzo Serena se le abren los ojos como platos al ojear el periódico y tropezarse con la foto de Koldo García, el otro amigo íntimo de Cerdán, con la publicidad de la empresa Servinabar pegada a la pernera de su pantalón de aizkolari. El documento era de 2018 y ese año había sido colgado en Twitter por un diputado socialista que alardeaba de amistades y de deporte regional a partes iguales sin saber que siete años más tarde ese pedazo de pantalón iba a resultar originalmente incriminatorio. «No podía creerse que podían llegar a ser tan evidentes», comenta uno de los amigos del funcionario. «Aunque tampoco podía creerse las represalias que le aplicaron. ¿Pensaban que nadie se iba a enterar? Le parecieron una torpeza porque, hasta para hacer daño a alguien, hay que tener habilidad», añade.
Después de esta aventura inesperada, Lorenzo Serena ha vuelto a su lugar en San Ignacio3. Todavía le queda mucho por ver.
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