viernes, 14 de enero de 2005

La quiebra social vasca que produce el Plan Ibarretxe

Mucho se ha hablado y se seguirá hablando acerca de que el nuevo Estatuto conocido como Plan Ibarretxe es una declaración de casi independencia del Parlamento Vasco, además de ser totalmente anticonstitucional y fuera de la legalidad. Todo ello es cierto. Pero en este artículo quiero poner el acento sobre otra cuestión, que es la de que el Plan Ibarretxe produce una fractura social dentro de la misma sociedad vasca.

Como punto de partida hemos de tener en cuenta que el vigente Estatuto de Autonomía Vasco (al cual el Plan Ibarretxe quiere reemplazar) fue aprobado en el año 1979 con el voto favorable del 94,60% de los votos emitidos. Ello fue posible porque dicho Estatuto de Autonomía nació de un consenso entre partidos, para llegar a un compromiso político que no fuera ni un centralismo a ultranza ni un independentismo, sino un camino intermedio, que se encontró en una amplia autonomía dentro de la unida nacional, constitucional y democrática.

Ahora bien, si analizamos los resultados de las elecciones al Parlamento Vasco del año 2001, nos dan lo siguiente:

PNV/EA, 604.222 votos.
PP 326.933 votos.
PSE 253.195 votos.
EH 143.139 votos.
EB 78.862 votos.

Si hacemos el ejercicio de sumar los votos de las formaciones que han propiciado la victoria del nuevo Estatuto (PNV/EA+EB+EH) frente a las formaciones que lo rechazan (PP+PSE), nos encontramos con un total de 826.223 contra 580.128, o lo que es lo mismo, el 58,75% de los votos emitidos a favor del nuevo Estatuto y el 41.25% de los votos emitidos en contra.

Es decir, que el nuevo Estatuto nacionalista lo que hace es dividir la sociedad vasca en dos bloques, cambiando un acuerdo casi total en el actual Estatuto (recordemos 94% contra 6%, en números redondos) por una fractura tremenda (59% contra 41%, también en números redondos).

Pero por si la anterior fractura social fuera poca (que no lo es), hay que añadir otra, que además de social es territorial.

Si nos fijamos en un resumen los resultados en las últimas elecciones generales en la provincia de Alava, nos dan lo siguiente, si sumamos los partidos no nacionalistas por un lado y los nacionalistas por otro (partidos con más del 1% de los votos):

Votos a fuerzas no nacionalistas: 57,65%.
Votos a fuerzas nacionalistas: 39,78%.

Es decir, que en la provincia de Alava la correlación de fuerzas es totalmente favorable a los partidos no nacionalistas. Eso se traduce, como era de prever, en un rechazo al nuevo proyecto rupturista nacionalista. Para certificar lo anterior tenemos la Declaración Institucional de la Diputación de Alava en el último día del año pasado, asegurando que en ningún caso formará parte del nuevo proyecto, y que, de seguir el mismo adelante, Alava seguirá por otro camino diferente, que es el del marco jurídico vigente.

A lo anterior, que ya es una grave fractura territorial, podrían añadirse otras entidades territoriales, tales como, por ejemplo, los ayuntamientos de San Sebastián, Irún o Rentería, donde en las últimas elecciones municipales ganaron los partidos políticos no nacionalistas.

A todo ello cabe añadir los resultados de una reciente encuesta:

Un 34,2% de los vascos se muestra a favor del nuevo Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi elaborado por Ibarretxe, frente a un 36,1% que se manifiesta en contra.

El párrafo no puede ser más clarificador. La sociedad vasca está totalmente dividida al respecto del nuevo estatuto.

En conclusión, el Plan Ibarretxe, por lo tanto, lo que está consiguiendo es enfrentar a la ciudadanía vasca entre sí, a las provincias vascas entre sí, y posiblemente a los ayuntamientos vascos entre sí.

No es solo un enfrentamiento entre el Gobierno y Parlamento vascos con el Gobierno y Parlamento nacional, con la Constitución y con la legalidad. Eso ya de por sí es grave, gravísimo. Pero es que lo que se está consiguiendo con este Plan Ibarretxe es, además, y probablemente más grave aún, una total y absoluta quiebra social y territorial dentro del mismo País Vasco.


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