Un Gobierno entregado, una ETA crecida, una ciudadanía anestesiada

No escribiría sobre este tema a menos que no lo considerase de suma importancia. Y es que, sinceramente, el asunto me cansa, por lo repetitivo. Pero a la vez hablamos de una repetición que agrava terriblemente los hechos, o al menos así sería en un país democrática y legalmente civilizado.

Unos ejemplos:

Primero. EL juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre la trama de extorsión de ETA, Fernando Grande-Marlaska, tiene abierta una pieza secreta y separada en la que trata de esclarecer posibles filtraciones policiales de la investigación al entramado de ETA.

Segundo. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha tomado la decisión, según informa EL MUNDO, de apartar de las investigaciones sobre la red de extorsión de ETA al comisario general de Información de la Policía Nacional, Telesforo Rubio.

Tercero. El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, confirmó esta mañana a Europa Press que empresarios del País Vasco han recibido cartas de extorsión por parte de ETA, misivas fechadas en el mes de mayo y depositadas en correos este mes de junio.

Cuarto. La policía investiga a dirigentes del PSE por haber intermediado en el pago de la extorsión a ETA.

Y el ejemplo probablemente más grave de todos:

Quinto. La Juez Laurence Le Vert estuvo a punto de detener a la cúpula de ETA pero una filtración desde España les avisó.

Tenemos, por lo tanto, un Gobierno entregado a unos terroristas, que colabora con ellos y que los protege y defiende.

¿Y esos terroristas? ¿Están arrepentidos de sus crímenes? ¿Piden clemencia? Bueno, esto es lo que dicen, entre otras cosas:

Para avanzar en el camino del diálogo es imprescindible desactivar todas las medidas represivas y de excepción que han acompañado durante tantos años las estrategias de guerra ya fracasadas. La represión que a día de hoy aun persiste es absolutamente incompatible con un proceso de paz.

El proceso democrático que debe desarrollarse en Euskal Herria con la participación e implicación de todos los agentes vascos tiene que contar con garantías suficientes de no injerencia por parte de los poderes del Estado español. Los aparatos del Estado no pueden condicionar ni el desarrollo ni el resultado del proceso.

Al final de este proceso la ciudadanía vasca deberá tener la palabra y la capacidad de decisión en torno a su futuro, sin ningún tipo de límites.

Por destacar algo, porque el comunicado etarra es una muestra de actitud chulesca y del desafío de una organización criminal a un Gobierno débil y entregado. Pero vamos, lo mismo de siempre: Impunidad, Navarra y autodeterminación; mezclado con amenazas y chantaje.

A lo que el Presidente del Gobierno de España responde con unas palabras que dan vergüenza, por ser suave:

Zapatero pide 'prudencia', 'sosiego' y 'perspectiva' tras el comunicado de ETA.

Que quiere decir, ya que repite cosas obvias, que no se atreve a responder a los asesinos.

Aunque, eso sí, dejó bien claro que antes de que termine este mes anunciará en el Congreso que "el inicio del diálogo con ETA". Con una ETA, repito, que extorsiona, exige, chantajea, amenaza.

Una ETA con la que, reitero, está colaborando el Gobierno. En cualquier país con un Estado de Derecho medianamente activo estaríamos hablando de procesar al Presidente por el delito de alta traición.

¿Y en España? Pues tenemos que el PSOE sigue aventajando en las encuestas al PP. Y que la ciudadanía, salvo muy honrosas excepciones (la AVT, por ejemplo), sigue a lo suyo, pan y circo.

Es duro ver a ETA crecida, es dramático ver al Gobierno entregado, pero es terrible ver a la ciudadanía española anestesiada.