Alguien, Gobierno nacional y/o Gobierno autonómico, Presidente y/o Presidenta, Sánchez y/o Ayuso, debería o deberían pagar por esta auténtica barbaridad de condenar a los ancianos a una muerte segura.
Porque la conclusión es trágica:
En total, desde el 8 de marzo, 5.886 residentes fallecidos a los que en lo más duro de la pandemia de coronavirus se condenó a intentar sobrevivir fuera de los hospitales, según confirma el documento desvelado por El Confidencial.
Lo dicho, alguien debería rendir cuentas en sede judicial y pagar por esto.
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