Juana no está en mi casa

Lo que está pasando con el caso de Juana Rivas y su secuestro de los dos hijos es una aberración política. Jurídicamente el asunto está más claro que el agua. Ella se llevó los hijos de Italia a España temporalmente de mutuo acuerdo con el padre, pero posteriormente transformó ese hecho unilateralmente en definitivo. Eso es un secuestro según las leyes internacionales. Y no estamos hablando de un país en el que se considere que los tribunales son machistas (como, por ejemplo, un país musulmán), sino de Italia, un país de la Unión Europea. Es evidente que lo que esta mujer debería hacer es llevar su caso ante la Justicia italiana, por los cauces reglados allí. Y eso es lo que la Justicia española está diciendo una vez sí y otra también.

Pero es que, a nivel de ellos dos, como pareja, hay más, mucho más. Está claro que el hombre fue condenado por unos malos tratos producidos en 2009, conviviendo ellos en Granada, teniendo ya un hijo. No entro en si fue una paliza o un forcejeo para defender sus pertenencias que Juana estaba destrozando. Fue condenado y punto. Y su castigo fue tres meses de prisión (que no debería cumplir) y un año de alejamiento de Juana (que sí debería cumplir). Pero a los dos meses la mujer volvió a estar con él. Y posteriormente Juana decidió reanudar la relación, de la que nació un segundo hijo, creo que en Italia, y allí vivia Juana con los dos críos y el padre. Hasta que la pareja entró en problemas, con el horizonte de la separación de por medio, y ahí (oh, casualidad) Juana viaja a Granada con los hijos, decide quedarse con ellos y presenta otra denuncia por malos tratos continuados.

Lo triste es que un caso judicialmente tan claro (repito, la competente en el asunto es la Justicia italiana) se ha tergiversado tanto que hasta el Poder Ejecutivo ha entrado, por conveniencia, a interferir en las resoluciones del Poder Judicial. Lo ha hecho el mismo Presidente del Gobierno, la Presidenta de la Junta de Andalucía y hace poco el Ayuntamiento de Maracena en pleno. Nadie en este terreno, absolutamente nadie, ha hablado de la independencia judicial, de dejar trabajar a los tribunales y de que las resoluciones de los jueces hay que cumplirlas (señor Rajoy, ¿Puigdemont sí y Juana Rivas no?; sí, ya sé que no tiene nada que ver, pero es que parece que esto es a conveniencia).

Se puede entender la movilización social en un entorno donde las ideas izquierdistas campan por donde quieren. Cada cual es muy libre de manifestarse en la dirección que considere oportuna. Pero lo que no se puede comprender es la actitud de unos políticos que, por un puñado de votos, dejan a los jueces a la altura del betún. Bastante descrédito se ha ganado a pulso la Justicia en España para que también la machaquen los políticos cuando hace lo que debe.