En primer lugar, todo empezó con un comunicado de la Asociación de Abogados del Estado que, a pesar de que muchos periodistas digeran que iba dirigido al Gobierno, en realidad a quien se dirigía era a Vox, que había amenazado con querellarse contra los abogados del Estado que se plegaran a las exigencias de Sánchez.
En segundo lugar, luego nos enteramos de que el Gobierno le había comunicado a ERC los términos del informe de la Abogacía del Estados y que Oriol Junqueras, un preso condenado por sedición y malversación, había dado su visto bueno.
En tercer lugar, después de lo anterior El Español se adelantó a la difusión pública del informe e hizo pública la dirección que seguiría.
Y en cuarto y último lugar se dio a conocer oficialmente el informe de marras, que decía lo ya adelantado.
Lo dicho, surrealista. A lo que cabe añadir que el informe lo que hace es básicamente alinearse hasta donde puede con las tesis de los independentistas, concedieno así a ERC el gesto que pedía de parte de la Abogacía del Estado para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Si ya fue una evidente cesión el rebajar durante el juicio la calificación del delito de rebelión a sedición, ésta es otra cesión, una más y mayor.
Estamos ante la enésima utilización de las instituciones del Estado en favor de los intereses personales y de partido de Pedro Sánchez y de los socialistas. Está claro que la Abogacía del Estado ya no defiende los intereses del Estado, sino los de Pedro Sánchez. Ha dejado de ser la Abogacía del Estado para convertirse en la Abogacía de Sánchez.
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