Dice Pedro Sánchez que se apoya en el artículo 31.1 de la Constitución para subir los impuestos
a los bancos y a las compañías energéticas.
Y no es verdad.
El mentado apartado dice lo siguiente:
Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
O sea, el que más tiene, más paga. Pero ahí no dice nada de intervenir el libre mercado para prohibir repercutir las subidas de impuestos en los clientes.
El problema no es la subida de impuestos en sí a bancos y energéticas (que posiblemente también, vamos, por el hecho de que sea solo a ellos), sino que se les prohibirá subir las tarifas, se les vigilará para que no lo hagan y en caso de que desobedezcan se les sancionará económicamente. Una intervención en toda regla.
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