Nadia y Yolanda, a llorar lo de Ferrovial a la ducha

Ferrovial, una empresa multinacional que opera en el sector de las infraestructuras de transporte y movilidad, fundada en España por Rafael del Pino y Moreno en 1952, ha anunciado que trasladará su sede social a Países Bajos y se limitará a tributar en España por los beneficios que pueda tener en suelo español. La razón que ha comunicado el consejo de administración de la compañía es que lo hace porque quiere cotizar en la bolsa de Estados Unidos y entiende que eso es más fácil habiendo cotizado en la de Países Bajos. Pero también añade que hace la mudanza porque dicho país tiene «un marco jurídico estable» y una calificación crediticia de AAA para su deuda soberana (en el resumen de los tres rankings
-Moody's, S&P y Fitch- es así en todos -Aaa, AAA y AAA-, mientras que la calificación de España es Baa1, A y A- -evidentemente la diferencia es enorme-). La razón de que Países Bajos tiene «un marco jurídico estable» deja totalmente a las claras que los miembros del consejo de administración de Ferrovial consideran que España no lo tiene, evidentemente.

Una decisión simplemente de libre estrategia empresarial. Pero no para el Gobierno español, que ha montado en cólera, sobre todo a través de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha llegado a afirmar cosas como que «se trata de una empresa que debe todo a España» y que «no resulta aceptable que una empresa que ha nacido y crecido en España y gracias a la inversión pública de los ciudadanos españoles muestre esta falta de compromiso con su país»; incluso ha telefoneado al presidente de la compañía, Rafael del Pino, para mostrarle su enorme malestar. Aunque la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tampoco se ha quedado atrás, con afirmaciones como que «Ferrovial es una empresa muy importante de nuestro país que ha crecido al albur de enormes contratos con la Administración Pública; le pido compromiso con nuestro país, con España», que «ser español, ser española, es defender la permanencia en tu país», que «no es ser españoles», que «en los momentos de compromiso y necesidad en nuestro país las empresas tienen que ser ejemplares» y, ojo a esta, que espera que el departamento de Calviño «adopte las medidas que sean menester para que esto no se produzca».

Con lo anterior estas dos señoras muestran su talante socialcomunista. Ferrovial ciertamente recibió muchísimos contratos públicos, pero se supone que era porque era la mejor empresa del concurso, por lo tanto, ¿a qué viene sacarlo ahora? La decisión de esta empresa no se puede calificar como de no aceptable, porque si es legal no hay nada que objetar. El nivel de compromiso que cada ciudadano pueda tener con su país es algo totalmente personal, en lo que nadie, y menos el Gobierno debe meterse. Ser español no es bailarle el agua al Gobierno o al Estado, sino tener pasaporte de España; punto (por cierto, es curioso que ahora tiren de españolidad, cuando el Gobierno lleva pactando desde hace años con indeseables elementos que no es que no se consideren españoles, es que algunos son secesionistas y otros directamente terroristas). La ejemplaridad es el estricto cumplimiento de la ley; nada más, nada menos. E intentar que esta decisión no se lleve a cabo es una actitud totalmente liberticida.

Lo que no se puede es insultar al empresariado español, como hizo Pedro Sánchez cuando los calificó como "señores del puro", y pretender que arrimen el hombre contra lo que consideran que son sus intereses económicos. Lo que no se puede es crear un sistema de impuestos que es casi confiscatorio y pretender que los empresarios lo acepten con las orejas gachas sin buscar alternativas para el mejor rendimiento de su dinero. Lo que no se puede es tener una economía de bajo crédito internacional y pretender que alguien no busque otra economía con un crédito internacional excelente. Lo que no se puede es crear leyes chapuza que pueden significar una cosa y su contraria, dependiendo de quien las interprete, y pretender que las empresas no se vayan a países donde las leyes son serias. Lo que no se puede es tener una "diarrea legislativa" (Ángela Rodríguez Pam dixit) y pretender que los adinerados no cuiden sus millones en países donde solo se legisla lo necesario. Lo que no se puede, en suma, es coartar la libertad de movimiento de una empresa dentro en la Unión Europea (donde opera, parece que hay que recordarlo, la libertad de movimiento de personas, mercancías y capitales) y pretender que se quede por imposición donde no desea hacerlo.

Este es el Gobierno que padece España. Un Gobierno que toma decisiones erróneas y pretende que los demás sean quienes apechuguen, contra su voluntad, con las consecuencias de esas decisiones.

Ciertamente el Gobierno, con Nadia Calviño y Yolanda Díaz como sus representantes, tiene razón para estar preocupado por esta decisión de Ferrovial. Ciertamente no por su daño económico, que va a ser el chocolate del loro. Pero sí por el descrédito internacional que esa decisión supone para España y, lo que puede ser mucho peor, porque podría producirse un efecto contagio a otras grandes empresas que sigan el camino de Ferrovial.

Pero más le valdría al Gobierno tomar decisiones acertadas para que cosas así no sucedan, como muy bien le ha recordado la portavoz del PP, Cuca Gamarra. Y si no las toman al menos ir a llorar las consecuencias a la ducha, en vez de hacer el ridículo con un público pataleo socialcomunista liberticida, como lo han hecho Nadia Calviño y Yolanda Díaz.