El punto es este: ¿lo de Ferrovial y Rafael del Pino es legal o no?

Dicen que el ataque coordinado del Gobierno contra la compañía Ferrovial y contra su Presidente, Rafael del Pino, por el hecho de anunciar que trasladan la sede fiscal a Países Bajos es el peor de su especie desde que llegó la democracia a España, hace 45 años. Que si falta de patriotismo, que si hay que arrimar el hombro, que si lo que tienen lo han conseguido a partir de contratos públicos, que si todo se debe a que quieren pagar menos impuestos, que en realidad es una decisión personal de Rafael del Pino para eso, ahorrarse impuestos, y un largo etcétera de ataques desde distintos ministerios e incluso por el mismo Presidente de Gobierno.

Pero aquí nadie ha entrado en lo que yo creo que es el centro de la cuestión. ¿La decisión es legal o no? Punto. Porque si es legal no hay nada que alegar. Y menos por parte del Gobierno, que debe (debería, mejor dicho) respetar cualquier decisión de cualquier ciudadano que sea legal. Y todo apunta a que lo es, por el simple hecho de que mover una empresa, o capital, entre Madrid y Ámsterdam es tan fácil y legal en la Unión Europea como hacerlo entre Madrid y Toledo, por poner un ejemplo.

Pero aquí, como en tantos temas, desde el Gobierno no se actúa con sentido común, con respeto a la libertad y a la legalidad, sino esparciendo humo ideológico que todo lo oscurece, que parece que es lo que se pretende.