Resulta que
el Gobierno admite el auge de los secuestros de hijos, pero oculta el sexo de sus captores, con unos números que son los siguentes:
hace seis años, en 2016, el número era tan sólo de 262, mientras que
en 2019, antes de la pandemia del coronavirus, se abrieron 369 diligencias, pero es que
en 2021 se abrieron 434 diligencias policiales por sustracción de menores, y
entre enero y agosto de 2022 se registraron 283 casos, incluyendo 14 en el extranjero, lo que supone que
de seguir la tónica actual, este año cerrará con alrededor de 424 sustracciones de menores.
Y hay que ver este dato:
La opacidad sobre los secuestros de menores ha sido reprochada a nuestro país por las autoridades internacionales. El Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados (ICMEC), ubicado en La Haya, constató en 2018 que el sexo del secuestrador había desaparecido de los informes españoles desde 2009, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero.
¿Por qué tanto
ocultamiento? ¿Estamos ante una opacidad hembrista por parte del Gobierno? Es lo que parece.
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