sobre la eliminación del delito de sedición, la rebaja en el de malversación y las reformas de las leyes del CGPJ y TC. Que todo se aprobara antes de final de año y después, ya comenzado 2023, que se quedara en el olvido de los votantes, que serán convenientemente regados con dinero público para intentar indirectamente comprar sus votos para el PSOE.
Pero el Tribunal Constitucional lo paró en seco, por el grave defecto de forma ya analizado de juntar cosas que nada tienen que ver en una misma ley. Y ahora, aunque el Gobierno ha anunciado que seguirá adelante con la reforma de las leyes del CGPJ y del TC, dice también que lo hará a través de un proyecto de ley que aprobara por el método de urgencia. Es su derecho. Pero eso alargará los tiempos. Y las elecciones de mayo cada vez más cerca.
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