Las libertades de expresión y de información corren serio peligro en España. El único límite para las mismas debería ser que el periodista no acusa falsamente a alguien, y si lo hace para eso están los tribunales. Pero cada día se está intentando achicar más el terreno de juego. Hace poco fueron las chicas del Ministerio de Igualdad las que amenazaron con castigar al que no de las noticias con
perspectiva de género (vamos, eliminando los datos que a ellas no les conviene que se sepan); ahora son ONGs del mismo pelaje las que hablan de que hay que ofrecer esas noticias de forma
inclusiva (o sea, ocultado la nacionalidad y la religión de los delincuentes). A este paso, si esas ideas se transforman en leyes, los periodistas díscolos van a acabar con sus medios cerrados o en la cárcel (o las dos cosas). Y los ciudadanos con una información cada vez más limitada. Espero que lo corrijan en las urnas, porque de lo contrario la cosa pinta muy mal.
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