Hace poco escribí un par de artículos donde dejé mi opinion sobre el tema de la salida a la calle de terroristas condenados a miles de años por multiples asesinatos después de pasar en la cárcel menos de veinte.
Hoy vuelvo a sentir ese asco al mirar a la clase política española. Una clase política que en dos ocasiones renunció explícitamente a cambiar la legislación que beneficiaba a los terroristas.
La primera nada más y nada menos que en 1980, siendo Presidente Suárez, solamente dos años después de ser aprovada la Constitución, cuando se llevó al Congreso una reforma del Código Penal que simplemente quedó en el aire, sin llegar ni a votarse, ni bajo su presidencia ni bajo la de Calvo-Sotelo. Vergüenza.
La segunda en 1983, un año después de que los socialistas llegaran al poder de la mano de Felipe González. Esa vez sí que se reformó el Código Penal, pero se dejaron intactos los beneficios penitenciarios para los terroristas, a pesar de que, y esto es sumamente escandaloso, el Consejo General del Poder Judicial lo desaconsejó explícitamente. Aquí ya no hablo de vergüenza, sino de, como mínimo, canallada. Canallada que se agrava más aún en el año 1996, en el que Felipe González justifica los beneficios a los terroristas con una vil mentira, la de que no se podían quitar a los terroristas los beneficios porque sería inconstitucional... para hacerlo ¡9 años después!
Sinceramente, se me acaban las palabras.
Se dejó puerta abierta, con toda la intención, para que en el futuro no hubiera obstáculo en una presumible negociación del cese de la violencia terrorista. Vamos, que se facilitara el enjuague "presos por paz"
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