la Abogacía del Estado,
la Fiscalía General del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas y Radiotelevisión Española. Pero no le basta. Ahora tiene al Tribunal Constitucional en su punto de mira. Quisiera controlar el Consejo General del Poder Judicial, pero como por ahora no es posible intenta cambiar las leyes para obligar a dicho órgano a hacer lo que él quiera; va a bajar la mayoría para aprobar los dos nombres que deben salir del CGPJ para ir al TJ de los dos quintos actuales a mayoría simple y a la vez amenaza con consecuencias penales si dichos jueces no lo hacen.
Mientras tanto se prepara para colocar en el TC a sus dos nombramientos, un hasta hace muy poco ministro socialista (Juan Carlos Campo) y una catedrática que ha trabajado para la Moncloa y para el Gobierno catalán (Laura Díez), sin esperar a los dos del CGPJ, saltándose la Constitución, que dice que el TC se renovará por tercios (no por sextas partes). Por si lo anterior fuera poco también por ley busca eliminar la necesidad actual de que ese TC acepte los candidatos, para que sus nombramientos causen efecto de forma inmediata.
El intento de subordinar (aún más) el Poder Judicial al Poder Ejecutivo es totalmente grosero. En el caso del TC poniendo a los que él quiere sin ningún control y en el caso del CGPJ bajo amenazas, incluso penales (¿cárcel para los jueces no adeptos?). Y mucho ojo con el control del TC que Sánchez está a punto de conseguir, porque eso haría que, de permanecer en Moncloa tras las elecciones generales del próximo año, pudiera hacer lo que quisiera sin ningún tipo de cortapisa. Ya no habrá ningún tipo de separación de poderes.
El tema es sumamente peligroso. Pedro Sánchez ha tomado la decisión de asaltar las instituciones como sea para, si los números dan después de los comicios, conseguir de nueva la Presidencia y mantenerla pagando por ello el preciso que sea y a quien sea sin que nada ni nadie se lo impida. Ni tan siquiera la Constitución.
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