A estas alturas está tan claro que Juan Carlos de Borbón fue un rey corrupto que el único clavo ardiendo al que sin ninguna vergüenza se agarran continuamente sus defensores son doce palabras del artículo 56.2 de la Constitución (la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad).
El problema es que este señor, cuya corrupción está más allá de toda duda razonable, sigue viviendo a cuerpo de rey (nunca mejor dicho) en una residencia, el Palacio de la Zarzuela, cuyo propietario y mantenedor es el Estado. Por ello hay voces que ya empiezan a decir que, igual que su hijo le ha retirado la asignación económica que percibía, debería abandonar dicha residencia mantenida con fondos públicos.
Pero hay un problema aún mayor, y es que su nombre figura en la Constitución Española, concretamente en el artículo 57.1 (la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica). No tardarán en aparecer clamores que dirán que alguien de su catadura no puede aparecer en la llamada Carta Magna. Tomando en cuenta que ese artículo necesita del procedimiento agravado de reforma, no es imposible que el mismo intente ser aprovechado para cambiar la Constitución en otras cuestiones tales como incluso la democracia y la libertad, para recortarlas aún más.
Muchas gracias, Majestad, por los servicios prestados.
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