Si aplicamos lo anterior al Gobierno actual, como ejemplos de leyes que no son ad hoc podríamos nombrar las del solo sí es sí y la trans, que tratan de solucionar (aunque no lo consiguen, sino que lo empeoran, pero ese es otro tema ampliamente tratado por aquí) temas generales relacionados con las violaciones la primera y con las personas transexuales la segunda.
En el otro lado, e igualmente como ejemplos de leyes ad hoc del Gobierno de Sánchez, nos encontramos con la ley para reformar el CGPJ (se hizo únicamente con la idea de restarle funciones, dada la negativa del PP a pactar el reemplazo de sus miembros) y la a su vez reforma de esa ley (con la única función de que el CGPJ pudiera nombrar a los miembros del TC que le tocan).
Podemos ver por los ejemplos del anterior párrafo que estas reformas ad hoc han sido claramente acometidas con el fin de que el Gobierno se beneficie de ellas. Pero ahora nos encontramos con otras dos leyes ad hoc que son extremadamente escandalosas, por sí mismas y con el añadido del también beneficio gubernamental.
Las dos leyes de las que estamos hablando son la eliminación del delito de sedición y la reforma del delito de malversación. En los dos casos se están aprobando con el único objetivo particular de beneficiar a los políticos (y no políticos) juzgados y condenados por el intento de secesión de Cataluña. Nada más. No hay en dichas normas un ánimo de legislar para el bien de la población en general o de un colectivo en particular. Simplemente se quiere favorecer a los que cometieron unos hechos que ya fueron tratados por la Justicia con su correspondiente condena. Siendo más concretos aún, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el objetivo es eliminar la acción de los jueces por una vía espuria (la vía legítima, en Derecho, hubiera sido la concesión de un indulto total, independientemente de que ello fuera condenable desde el punto de vista político). Incluso se está yendo más lejos que si se hubiera optado por ese indulto total, ya que de esta manera caso se ejerce una amnistía encubierta, al conseguir, en la práctica, una casi anulación (o sin el casi, ya veremos) de los delitos cometidos.
Y todo lo anterior con el agravante de que el beneficiado es el mismo Pedro Sánchez, ya que es público y notorio que se está haciendo a cambio de que el partido en el que militan los juzgados y condenados, ERC, haya dado su apoyo a los Presupuestos Generales de Estado para el año próximo. Un apoyo político a cambio de un enorme beneficio judicial en dos cosas que no tienen nada que ver la una con la otra.
Con casi toda seguridad lo que están haciendo Pedro Sánchez, su Gobierno y su grupo parlamentario (es necesario mencionar la lista, porque los tres tienen responsabilidad en el tema) sea legal, pero desde luego no es legítimo en la tercera aceptación que menciona la RAE (cierto, genuino y verdadero en cualquier línea).
Las reformas legales ad hoc que Pedro Sánchez está haciendo son una auténtica barbaridad. Está retorciendo las leyes y las instituciones con el único objetivo de beneficiar a unos delincuentes en el más estricto sentido de la palabra (juzgados y condenados) por el hecho de que el partido de esos delincuentes le ha prestado un cierto apoyo político. Ello es un hecho de la máxima gravedad desde el ángulo político (repito, es improbable que sea ilegal). Ciertamente no alcanzo a explicar con palabras lo trascendental, en el sentido más negativo de la palabra, de lo que está sucediendo.
Y lo peor es que esto es altamente probable que solamente sea un preámbulo de lo que viene. Porque nunca pensamos que Pedro Sánchez pudiera llegar a este límite. Y por lo mismo podemos afirmar, por desgracia, que seguiremos viendo cosas impensables que nos helarán la sangre. Aún más.
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