Aunque no estoy de acuerdo en muchos de los postulados que defiende, hasta ahora he defendido la Constitución Española porque he creído que, a pesar de ser mala, probablemente fue lo menos malo que pudo salir de los tiempos de crisis que se vivieron en la época en que fue confeccionada.
Pero lo cierto es que últimamente he pensado que tal vez (solo tal vez) fue peor el remedio de la Constitución que la enfermedad de exasperar a los nacionalismos, y que posiblemente hubiera sido preferible no haber dejado las lagunas que se dejaron. Al fin y al cabo al único que se consiguió contentar fue al nacionalismo catalán, y al final estamos viendo que tampoco fue algo definitivo. El nacionalismo vasco siempre mantuvo intactas sus exigencias, y si el PNV mostró una cierta moderación durante algún tiempo fue más por razones coyunturales que por convicción; mientras tanto ETA siguió asesinando como forma de chantaje nacionalista.
Y es que esas ganas de contentar a los nacionalistas vascos y catalanes llevaron a los redactores de la Constitución a escribir el últimamente famoso artículo 150.2, que dice lo siguiente:
El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado.
Es decir, que en función de ello el Estado puede hasta incluso vaciarse de competencias; y el sistema para ello es nada más que por ley orgánica, lo que lo deja al albur de las conveniencias políticas del Gobierno de turno.
Pero sigamos. Ahora, con el nuevo estatuto catalán, nos estamos enfrentando con otro hueco. Parece que a la hora de escribir la Constitución a nadie se le ocurrió que se podía aprobar un Estatuto que fuera inconstitucional. Con ello tenemos que para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra una reforma estatutaria hay que esperar que la misma acabe todo el trámite; y eso implica que no se puede hacer hasta después de que dicha reforma haya sido sometida a referéndum en la autonomía correspondiente. Ahora bien, en ese caso, se me ocurren algunas preguntas: ¿Se atreverá el Tribunal Constitucional a decir que algo que ya fue ratificado en referéndum es inconstitucional? ¿Si se declarara una parte del estatuto inconstitucional, seguiría siendo válido el resto y el referéndum efectuado?
Por supuesto, no tengo ni idea de derecho constitucional, pero por lo que leo por ahí, parece que no son cuestiones resueltas ni de lejos, y que podrían crear serios problemas.
Finalmente tenemos la primera frase de la disposición adicional primera: La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Bien es cierto que luego se califica: La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía. Pero el daño queda hecho, ya que los nacionalistas se puede acoger a la frase de marras para defender indefinidamente un programa de máximos que incluya, como es el caso vasco, la misma independencia; y nada hace que no puedan perder sus esperanzas de actualizar (cada vez más cerca de sus postulados) los estatutos.
Los anteriores creo que son solamente unos ejemplos de lo que podemos llegar a ver en un futuro, mucho me temo que no demasiado lejano.
¿Hay solución? Sin duda que sí. Y debería ir más o menos en el sentido apuntado por el Consejo de Estado. O, mejor aún, en el sentido que yo defiendo de fijar unas competencias estatales y que lo demás lo gestionen (si quieren) las autonomías, pero con sus propios impuestos recaudados por ellas mismas. Y que cada una haga lo que pueda.
Ahora bien, para llegar a ese punto habría que conseguir un acuerdo entre los dos grandes partidos políticos nacionales, para reformar la Constitución en dicho sentido. Y ese acuerdo está muy lejos de poder llevarse a cabo en las actuales circunstancias.
Lo que cada vez tengo más claro es que la Constitución Española tiene serias lagunas. Y o esas lagunas se soluciona, o España por el camino que va acabará viviendo en estado permanente de crisis política, cuestionándose continuamente las mismas bases jurídicas de la sociedad. Y lo anterior no creo que sea nada sano.
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