El pasado martes día 25 escribía yo en este blog el artículo titulado Machacar a la oposición, donde analizaba que el presente Gobierno español está continuamente atacando a la oposición del PP (la única que realmente existe, dicho sea de paso), y que eso es muy peligroso.
Pocas horas después de escribir aquellas líneas se produjo lo que yo considero gravísimo: La detención, en un coche policial camuflado, sin pruebas y sin intervención judicial alguna, de un militante del Partido Popular, por el solo hecho de aparecer en unas fotografías cerca de Bono durante los incidentes en la manifestación del sábado anterior convocada por la AVT.
Hasta ahora no he escrito sobre el tema, porque me parecía que no podía ser. Que alguien del Gobierno lo aclararía. O que habría más pruebas que las fotografías. Pero no. Puede ser. Es.
La realidad es que este militante del PP fue simple y llanamente secuestrado por la policía, sin pruebas, sin cargos, sin acusación, sin tutela judicial. Estamos ante un salto enorme en la estrategia del Gobierno socialista de acoso y derribo al PP. Simple y llanamente se han saltado todos los preceptos democráticos y de derecho para hacer algo deleznable: Detener a alguien por aparecer en una fotografía en una manifestación que no era del agrado del Gobierno.
Parece que el PSOE se ha creído que la calle es de ellos a la hora de manifestarse, y que si el PP se atreve a participar en manifestaciones contra el Gobierno, pagará las consecuencias. Y para ello no ha dudado en utilizar a la policía como si de una policía política se tratara, al servicio del Gobierno y del partido que lo sustenta, el PSOE.
Sinceramente, creo que lo sucedido es extremadamente grave.
Y es hora de que el PP lo valore en su justa medida. No puede ser que el PP, después de lo que sufrió durante el Prestige, durante la guerra contra Saddam Hussein, durante el día 13 de Marzo, ahora se quede callado, o hable con la boca pequeña.
El Partido Popular, en lo judicial, debe denunciar los hechos ante los juzgados correspondientes. Y en lo político, debe exigir explicaciones en el Congreso de los Diputados por los menos al Ministro del Interior, y, de no ser suficientes, al Presidente del Gobierno. Es más, si después de las explicaciones del Ministro del Interior, se ve que las mismas son insuficientes (como todo apunta que serán, porque los hechos son injustificables), debe exigir al Ministro su dimisión y, de no producirse, al Presidente su destitución fulminante.
Si el Partido Popular no ejerce su responsabilidad con toda energía, las presiones serán cada vez mayores contra dicho partido y su militancia. Y España corre el peligro de seguir el camino de Venezuela. Lo que está en juego es el respeto a las libertades más básicas.
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