¿Debe quedarse Cataluña con el 50% de los impuestos?

Lo prometido es deuda, y, por lo tanto, quiero opinar sobre la noticia de la propuesta del Gobierno de Cataluña sobre su sistema de financiación:

El Gobierno catalán ha presentado su propuesta de financiación autonómica, que prevé la recaudación de todos los impuestos y la cesión al Estado de, como máximo, la mitad de los ingresos obtenidos por IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades e impuestos especiales.

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El nuevo sistema prevé la creación de una agencia tributaria propia que actúe de forma coordinada o consorciada con la del Estado y recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos que se pagan en Cataluña, frente al actual modelo, aplicado desde 2002, en que la Agencia Tributaria Estatal recauda todos los tributos y traspasa a la Generalitat el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 40% de los impuestos especiales.

En principio nada tengo que objetar a la propuesta catalana, siempre que sea viable para mantener los gastos del Estado central ese 50%-50% (que casualmente es el que yo mencionaba en el artículo que publiqué ayer, pero que estaba escrito de días atrás).

Ahora bien, quiero hacer algunas matizaciones.

La primera es que el sistema de financiación no se puede imponer desde una comunidad autónoma, sea la que sea. A dicho sistema hay que llegar por consenso.

La segunda, que lo que parece que se está pretendiendo (primero desde el País Vasco con el Plan Ibarretxe y ahora desde Cataluña con el nuevo estatuto catalán) es modificar la Constitución Española por medio de las reformas estatutarias. Por supuesto, no es lo adecuado. Si se quiere cambiar la Constitución, hay que hacerlo por los cauces constitucionalmente previstos.

La tercera, que creo que es más apropiado que sea el Estado quien haga la recaudación fiscal, y luego le entregue el 50% (o el porcentaje que sea) a las autonomías, y no al revés.

La cuarta, que basta de privilegios. Y ya los hay, porque el País Vasco y Navarra tienen un sistema especial de financiación. Y también Cataluña recibe más impuestos que las demás autonomías (concedidos por el Gobierno del PSOE y aumentados por el Gobierno del PP, todo a cambio del apoyo de CiU a dichos gobiernos). Creo que es hora de que se llegue a una igualdad de las autonomías en el porcentaje que deben administrar, y, como decía ayer, que hagan con la cantidad lo que sepan y puedan.

En ese sentido estoy totalmente en desacuerdo con las declaraciones de la Vicepresidenta, Fernández de la Vega:

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha quitado a la Generalitat cualquier esperanza de negociación bilateral del nuevo sistema de financiación autonómica, al asegurar que lo debatirán todas las autonomías "en el seno" del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y será finalmente aprobado por las Cortes.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, reiteró los tres objetivos del Gobierno: mejorar los recursos de los gobiernos autónomos, aumentar la autonomía financiera y "mantener la cohesión y solidaridad interterritorial".

Lindísimo le quedó lo de "mejorar los recursos autónomos" (no dijo cómo) y más lindo aún lo de "aumentar la autonomía financiera" (totalmente de acuerdo), pero todo ello se va por tierra cuando afirma "mantener la cohesión y solidaridad interterritorial", porque eso significa ni más ni menos que las autonomías con más recaudación fiscal (exceptuando el País Vasco y Navarra, por los privilegios que ya tienen) seguirán financiando, como hasta ahora, a las de menos recaudación fiscal. ¿Y cuáles son las de más recaudación? No lo sé, y me gustaría mucho saberlo, pero supongo que entre ellas estarán Cataluña y Madrid. ¿Y las que menos? Tampoco lo sé, igualmente me encantaría conocerlo, pero me temo que entre las mismas estarán Andalucía y Extremadura. Por lo tanto va siendo hora de que unos financien a otros contra su libertad. Que cada cual aporte al Estado central según su capacidad, pero para financiar sus propios proyectos que utilice igualmente su propia capacidad y no la de los demás.

Por lo tanto, resumiendo, estoy totalmente de acuerdo con el fondo de la propuesta catalana, pero no con las formas. Es necesario que, por los cauces legales, dicha propuesta sea efectiva en todas la autonomías de España.