Sobre el asunto de la mujer a la que, a petición del marido y por orden judicial, han dejado morir de hambre en Florida, Estados Unidos, he escrito tres artículos (uno, dos y tres), donde he dejado claro mi posición, absolutamente contraria, a dicha muerte.
Ahora bien, una vez que el caso ha concluido, de la forma más indeseable desde mi punto de vista, cabe extraer una deducción positiva de lo ocurrió. Ello es la independencia judicial que impera en los Estados Unidos respecto a los poderes legislativo y ejecutivo.
El Congreso de los Estados Unidos, o sea el Poder Legislativo, de mayoría republicana, intervino todo lo que pudo para impedir la muerte de Terri.
Pero aún más claras fueron las intervenciones del Poder Ejecutivo. Tanto el Presidente de Florida, Jeb Bush, como el Presidente de Estados Unidos, George Bush, se mostraron de forma tajante a favor de permitirle a Terri seguir viviendo, e hicieron todo lo posible, dentro de sus poderes, porque la vida de la mujer fuera preservada.
Pero el Poder Judicial (juez del condado, Tribunal Supremo de Florida, Tribunal Federal de apelaciones de Atlanta y Tribunal Supremo de Estados Unidos) mantuvieron de forma inamovible la decisión de forzar la muerte de Terri.
Aunque yo estoy totalmente convencido de que la vida de Terri debió ser preservada, ello no me impide señalar que este caso demuestra la fortísima independencia del Poder Judicial en Estados Unidos, que ha soportado todas las presiones en contra del Poder Legislativo y, sobre todo, del Poder Ejecutivo.
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